El proceso extraordinario recibió 1.174.978 solicitudes hasta el 30 de junio. Perú fue la cuarta nacionalidad con mayor número, con el 8,8 % del total. Mientras avanza la resolución de los expedientes, casi 340.000 extranjeros procedentes del proceso ya figuran de alta en la Seguridad Social.
La regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno español se ha convertido en uno de los procesos migratorios de mayor alcance de los últimos años y tiene una relevancia especial para la comunidad peruana. Hasta el cierre del plazo de solicitudes, el pasado 30 de junio, se registraron 1.174.978 solicitudes en todo el país. De ese total, el 8,8 % correspondió a ciudadanos peruanos.
Ese porcentaje sitúa a Perú como la cuarta nacionalidad con mayor número de solicitudes, por detrás de Colombia, Marruecos y Venezuela. Aplicado sobre el volumen total comunicado por el Ministerio de Inclusión, el 8,8 % equivale a unas 103.400 solicitudes peruanas. Se trata, no obstante, de una estimación a partir del porcentaje oficial, ya que el balance del Ministerio publica el peso porcentual de Perú, pero no una cifra absoluta específica para esa nacionalidad.
Más allá de la magnitud estadística, el dato refleja la importancia que el procedimiento tiene para miles de personas que viven actualmente en España y que buscan dejar atrás una situación administrativa irregular o resolver su situación después de haber pasado por el sistema de protección internacional. Para muchos peruanos, el proceso puede representar un cambio decisivo en su relación con el mercado laboral, la Seguridad Social y la administración española.
Un proceso excepcional por su dimensión
La regularización comenzó formalmente el 16 de abril y terminó el 30 de junio de 2026. El balance publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestra una demanda muy superior a cualquier lectura que pudiera hacerse únicamente desde la perspectiva de la población peruana.
De las 1.174.978 solicitudes recibidas, el 79,6 % correspondió a autorizaciones por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, mientras que el 20,4 % restante se vinculó a autorizaciones destinadas a solicitantes de protección internacional. A comienzos de julio, el Ministerio había tramitado ya 609.737 expedientes.
El procedimiento se apoyó en una modificación del Reglamento de Extranjería aprobada mediante el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril. La norma incorporó una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario para determinadas personas extranjeras que se encontraran en España antes del 1 de enero de 2026 y cumplieran los requisitos establecidos. También creó una vía específica para determinadas personas solicitantes de protección internacional.
En el caso del arraigo extraordinario, la norma contempla diferentes circunstancias que pueden permitir el acceso a la autorización. Entre ellas se encuentra haber trabajado durante la permanencia en España o acreditar la intención de trabajar mediante una oferta de empleo o una declaración responsable en caso de actividad por cuenta propia. También se contemplan determinadas situaciones de convivencia familiar y de vulnerabilidad social.
La norma estableció además un aspecto especialmente relevante para quienes se encontraban en una situación administrativa precaria: una vez comunicada la admisión a trámite del procedimiento, las personas solicitantes pueden quedar habilitadas provisionalmente para residir y trabajar por cuenta ajena o propia mientras se resuelve el expediente, en los términos previstos por la regulación.
Perú, entre los principales países de origen
El reparto por nacionalidades permite dimensionar el peso de la comunidad peruana dentro del proceso.
Colombia representó el 25,9 % del total de solicitudes; Marruecos, el 13,3 %; Venezuela, el 11,8 %; Perú, el 8,8 %, y Honduras, el 4,9 %. En conjunto, dos de cada tres solicitantes procedían de América Central y del Sur.
Para Perú, este cuarto puesto es significativo. La comunidad peruana es una de las comunidades latinoamericanas con una presencia consolidada en España y mantiene importantes vínculos familiares, económicos y sociales con su país de origen. Por ello, cualquier modificación sustancial de la situación migratoria de decenas de miles de compatriotas puede tener efectos que van más allá de los trámites de extranjería.
La regularización puede influir en cuestiones tan concretas como la posibilidad de formalizar una relación laboral, cotizar a la Seguridad Social, acceder de manera más estable a determinados servicios o desarrollar una actividad económica dentro del marco legal. También puede reducir la incertidumbre que acompaña a quienes llevan años viviendo en España sin una autorización de residencia.
Pero es importante no confundir haber presentado una solicitud con haber obtenido ya la residencia. Las cerca de 103.000 solicitudes peruanas estimadas a partir del porcentaje oficial representan personas que participaron en el procedimiento; no significa que todas ellas hayan recibido una resolución favorable. El proceso continúa con la tramitación y resolución administrativa de los expedientes.
La situación administrativa empieza a reflejarse en el empleo
Uno de los elementos más relevantes del balance es que la regularización no se ha quedado únicamente en el terreno administrativo. Sus efectos empiezan a verse también en las estadísticas laborales españolas.
El 2 de septiembre, el Ministerio de Inclusión comunicó que a 31 de agosto había 337.917 afiliados extranjeros en alta a la Seguridad Social procedentes del proceso extraordinario de regularización. En julio eran 262.475. Esto supone un aumento de más de 75.000 personas en aproximadamente un mes.
El dato adquiere mayor relevancia porque llega en un momento de fuerte crecimiento de la afiliación extranjera en España. En agosto, la Seguridad Social registró una media de 3.551.759 trabajadores extranjeros, cifra que representa el 15,9 % del total de afiliados y supone 482.490 más que un año antes.
La foto del 31 de agosto muestra también algunas características del empleo asociado al proceso. De los 337.917 afiliados extranjeros procedentes de la regularización, 269.627 —el 79,8 %— estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social y 16.912, equivalentes al 5 %, eran trabajadores autónomos. El 60,2 % eran hombres y el 39,8 %, mujeres.
Estos datos permiten observar algo que trasciende el debate administrativo: una parte importante de las personas beneficiarias del proceso ya está incorporándose formalmente a la economía española.
El propio Ministerio había señalado en su balance inicial que, a 30 de junio, ya se registraban 159.097 afiliados a la Seguridad Social como consecuencia del proceso de regularización. En ese momento, el 83,4 % pertenecía al Régimen General y el 77,3 % de las nuevas altas correspondía a contratos indefinidos. Las cifras, por tanto, muestran una evolución rápida entre finales de junio y finales de agosto.
Una población solicitante joven
El perfil de las personas que participaron en el proceso también ayuda a entender su posible impacto en España.
Según el balance del Ministerio, el 87 % de los solicitantes se encontraba en edad laboral, entre los 16 y los 64 años. El grupo de edad más numeroso era el comprendido entre los 25 y los 34 años, que representaba el 31,3 % del total. Le seguían las personas de entre 35 y 44 años, con un 21,6 %, y las de 16 a 24 años, con un 17 %. En total, el 59,4 % de los solicitantes tenía menos de 34 años.
Para España, esa estructura demográfica tiene una lectura económica evidente. El proceso afecta mayoritariamente a personas que se encuentran en una etapa de la vida en la que pueden trabajar, cotizar y desarrollar una trayectoria profesional durante muchos años.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha relacionado el proceso con la incorporación de trabajadores extranjeros a sectores considerados estratégicos y esenciales.
El Gobierno también ha impulsado una encuesta voluntaria de empleabilidad para conocer mejor la situación formativa, laboral, económica y social de quienes participan en el procedimiento. En el balance de julio se habían enviado 160.799 formularios y recibido 36.187 respuestas válidas. Entre quienes respondieron, el 67 % tenía estudios postobligatorios: un 43 % había cursado bachillerato o formación profesional y un 24 % contaba con estudios universitarios.
Estos datos son especialmente interesantes para la comunidad peruana porque cuestionan una visión de la inmigración basada únicamente en empleos de baja cualificación. El perfil de quienes participan en el proceso es heterogéneo y una parte importante cuenta con formación secundaria superior, formación profesional o estudios universitarios.
¿Dónde se concentra el proceso?
La distribución territorial también resulta relevante para entender dónde puede sentirse con mayor intensidad el impacto de la regularización.
Cataluña concentra el mayor volumen de solicitudes, con 257.602. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 202.424; la Comunitat Valenciana, con 167.286; y Andalucía, con 161.557. También registraron un volumen importante Castilla-La Mancha, Euskadi, la Región de Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias.
Para los peruanos, esta distribución tiene especial interés porque conecta la regularización con los principales espacios de asentamiento de la población migrante en España. Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana, entre otros territorios, concentran una parte sustancial de las oportunidades de empleo y de las redes comunitarias que facilitan la integración social.
La dimensión territorial también puede resultar determinante para la siguiente etapa del proceso: la resolución de expedientes, la subsanación de documentación y la posterior realización de trámites administrativos vinculados a la autorización concedida.
¿Qué ocurre ahora con quienes solicitaron la regularización?
El cierre del plazo de presentación no significa el final del proceso. Al contrario, comienza una etapa fundamental: la tramitación administrativa de los expedientes.
Cuando una solicitud presenta deficiencias que pueden ser corregidas, existe la posibilidad de subsanación dentro de los procedimientos establecidos. El Ministerio informó que las oficinas de Correos habilitadas para el proceso permanecerán disponibles para la subsanación presencial hasta el 30 de septiembre, dentro de los horarios establecidos.
La regulación establece, además, un plazo máximo de resolución de tres meses para estos procedimientos. En los supuestos previstos por la norma, si transcurre ese plazo sin que se notifique una resolución, opera el silencio administrativo en los términos establecidos legalmente.
Por eso, para quienes realizaron una solicitud, el momento actual no debería interpretarse simplemente como una espera pasiva. La revisión del estado del expediente, la atención a posibles requerimientos y la conservación de la documentación presentada siguen siendo cuestiones relevantes dentro del procedimiento.
También conviene recordar que la regularización extraordinaria ha tenido condiciones y vías de acceso concretas. No se trata de una regularización automática de cualquier persona extranjera que se encuentre en España. El Real Decreto establece requisitos específicos y diferentes supuestos de acceso.
Una oportunidad y también un reto
La dimensión del proceso plantea una pregunta que irá ganando importancia durante los próximos meses: qué ocurrirá cuando una parte considerable de estas personas pase definitivamente de una situación administrativa irregular a una situación de residencia regular y, en muchos casos, de empleo formal.
Para el Gobierno español, el impacto puede traducirse en una mayor incorporación de trabajadores a la Seguridad Social, más actividad económica y una mejor utilización de una fuerza laboral que ya se encontraba físicamente en el país.
Para las personas migrantes, la cuestión es mucho más concreta. Una autorización de residencia puede significar mayor estabilidad laboral, capacidad para formalizar contratos, acceso más ordenado a determinados derechos y servicios, y la posibilidad de planificar proyectos personales y familiares con un horizonte diferente.
En el caso de los peruanos, el tamaño estimado del colectivo que ha solicitado acogerse al proceso —unas 103.400 personas a partir del 8,8 % oficial— hace que sus efectos puedan sentirse de manera significativa dentro de la comunidad.
El reto será ahora comprobar cuántas de esas solicitudes terminan en autorizaciones concedidas, cómo se produce la incorporación al mercado laboral y qué sectores absorben a esos nuevos trabajadores. También será importante observar qué ocurre con quienes no cumplan los requisitos o reciban una resolución desfavorable y cuáles son las vías administrativas o legales que puedan tener a su disposición en cada caso.
Más que una cifra: el comienzo de una nueva etapa
La cifra de casi 103.000 solicitudes peruanas resume apenas una parte de lo que está ocurriendo. El proceso extraordinario ha puesto sobre la mesa la magnitud de la población extranjera que ya vive y trabaja —formal o informalmente— en España y ha convertido la situación administrativa de cientos de miles de personas en un asunto con consecuencias laborales y económicas nacionales.
Para la comunidad peruana, el dato adquiere un peso particular. Perú ocupa el cuarto lugar entre las nacionalidades solicitantes, con un 8,8 % del total, en un procedimiento que recibió más de 1,17 millones de solicitudes.
Dos meses después del cierre del plazo, además, casi 340.000 personas vinculadas al proceso ya aparecen de alta en la Seguridad Social.
La historia, por tanto, no termina con las solicitudes presentadas el 30 de junio. La verdadera dimensión de la regularización comenzará a conocerse cuando avance la resolución de los expedientes y pueda determinarse cuántas personas obtienen finalmente su autorización de residencia y cómo cambia su vida laboral y administrativa en España.
Para los miles de peruanos que están siguiendo sus expedientes, la cuestión más importante ya no es cuántas solicitudes se presentaron. Es qué resolución recibirán, cuándo llegará y qué podrán hacer después con una situación administrativa regularizada.
Ese será el dato que permitirá medir realmente el alcance de una de las mayores operaciones de regularización migratoria emprendidas recientemente en España.
